Retiro del Parlacen

En el editorial de El Periodico del 30 de marzo del 2010 titulado “El Parlacen: ¿en extinción?” se defiende la postura de Panamá de retirarse del Parlamento Centroamericano. Esa institución se califica como ineficiente e inoperante. El Editorial resalta que el parlamento regional ha servido para conceder inmunidades a sus integrantes. Se critica también que es costoso y sus decisiones no son vinculantes. Se indica que de seguir así, el Estado de Guatemala debería retirarse de la institución regional.
El Estado de Guatemala al formar parte de una comunidad, como es el Sistema Centroamericano de Integración Económica (SICA), se ha comprometido a actuar de manera conjunta con el resto de Estados Miembros. Todo esto con el objetivo de que tal colaboración resulte en el desarrollo económico, democrático y social de la región y de sus pobladores. Formar parte de una comunidad implica que cada Estado actuará de forma armónica con el espíritu y principios que inspiran a la comunidad y que no adoptará medidas unilaterales que afecten a la misma. Guatemala ha asumido estos compromisos de conformidad con su propia Constitución (Arts. 150 y 171) y ha ratificado el Protocolo de Tegucigalpa, El Tratado Constitutivo del Parlacen y el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, entre otros.
El Parlacen en su esencia debiera de servir como foro de discusión para asuntos comunitarios y otorgar legitimidad democrática al proceso de integración. Lamentablemente, su función ha decaído y se ha utilizado como mecanismo para la protección de la clase política. Se han trasladado al sistema supranacional muchas de las deficiencias de los parlamentos nacionales. Si bien coincido en que son necesarias significativas reformas a la institución para su credibilidad y eficiencia, esto es distinto a sostener que Guatemala deba retirarse del Parlacen.
El Estado Guatemalteco debe asumir sus compromisos con responsabilidad y madurez. Si se es parte de una comunidad de Estados no se puede actuar en contra de los intereses comunes con base en los intereses nacionales. Una comunidad conlleva necesariamente que cada Estado anteponga los valores regionales a los intereses locales en las áreas aportadas al proceso integracionista. Además, se ha aceptado que la interpretación de las obligaciones regionales no corresponde a cada Estado Miembro sino a la Corte Centroamericana. Ese tribunal ya ha indicado que los Estados Miembros no pueden retirarse unilateralmente del Parlacen (Opinión del 23/09/09). Por lo tanto, el Estado debe ser responsable y aceptar tanto los beneficios como las obligaciones que se derivan de coexistir en una comunidad de naciones. No se puede por un lado criticar que las decisiones del Parlacen no sean vinculantes y a la vez promover el incumplimiento de las decisiones de un órgano judicial cuyos pronunciamientos si son obligatorios.
La construcción de una comunidad supranacional debe fundarse en principios democráticos. El Parlacen tiene un papel importante en otorgar legitimidad democrática al sistema. Si bien tiene grandes deficiencias, esos problemas se deben afrontar con vista en los intereses regionales con seriedad y madurez. Los retos se deben superar respetando los compromisos asumidos y utilizando los mecanismos acordados. El antejuicio para los integrantes del Parlacen podría eliminarse reformando el Tratado o removiéndolo para los diputados nacionales (como en Honduras). Si cada Estado actúa de manera aislada e incumple con las decisiones de las instituciones que se comprometió a respetar, entonces no puede existir una comunidad, ni los beneficios que se pueden obtener de la misma.